A finales del pasado mes de diciembre los nuevos ministros del gobierno español tomaron posesión de sus cargos en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela, residencia de la Familia Real Española. Para poder ejercer sus funciones, los trece políticos que ya ocupan las renovadas carteras ministeriales han tenido que recurrir a la fórmula del juramento o promesa ante el Rey de España, que es el jefe de Estado y por tanto representa a todo el país en esta ceremonia. Este gesto sirve para que el resto de ciudadanos de la nación podamos creernos que estos políticos van a actuar buscando el bien mayor del estado, que serán honestos y que cumplirán y harán cumplir las leyes por las que todos nos regimos.
Ya que son los gobernantes que el pueblo ha elegido mediante las vías de la democracia, está muy bien que hagan un esfuerzo para demostrar que no van a defraudar la confianza que se ha puesto sobre ellos. Sin embargo, en un evento como el descrito hay un par de detalles que no deberían estar presentes si se supone que existe la separación entre la Iglesia y el Estado. Es en juramentos como éstos, y también en otros actos institucionales como las reuniones con algunas figuras religiosas que se producen todos los años, cuando se demuestra que la separación sólo es teórica y para nada se refleja en la práctica. Más bien se mantiene una posición de subordinación respecto a un credo, que en este caso es el difundido por la Iglesia Católica.
Los ministros no han realizado su juramento sólo ante nuestro jefe de estado, sino también ante varios objetos simbólicos cargados de significado y connotaciones. Por una parte se han encontrado con un ejemplar de un libro que representa e incluye todos los valores democráticos por los que se guía o debe guiar este país, la Constitución Española de 1978. Mientras que por otro lado, frente a sí tenían otro libro que va precisamente en contra de esos valores, la Biblia de la religión cristiana, acompañada de un crucifijo, principal símbolo identificativo de dicha creencia. La Biblia nos presenta un mundo dirigido única y exclusivamente por la voluntad y mandatos de un ser divino al que todos debemos obedecer si no queremos pasar una eternidad castigados en un infierno de cuya existencia no tenemos ninguna prueba. Sin embargo no conocemos las órdenes de éste ente a través de su propia voz sino que tenemos que fiarnos de lo que nos comunican sus autodenominados representantes, que dicen haber entrado en contacto con él y sabe cómo deben gobernarnos. Esto se aleja por completo de lo que se esperaría en una sociedad democrática, en la que se supone que la titularidad del poder reside en todas las personas y son ellas las que deciden como deben organizar la convivencia.
Así que, viendo que la mayoría de los ministros entrantes decidieron llevar a cabo su juramento sobre la Biblia, es razonable que nos asalte la duda de cuál será la base legislativa que van a emplear para dirigir este país: ¿se guiarán por las leyes democráticas aceptadas por todos o en cambio escogerán recurrir a las leyes de un dios en el que no todos han puesto su fe?
La presencia tanto de la Biblia como del crucifijo en este tipo de eventos debería ser tomada como una ofensa, y no sólo por aquellos que no tengan ningún tipo de afinidad con manifestaciones religiosas, sino también por los seguidores de otros cultos diferentes al cristiano, y finalmente, siendo más exigentes, por cualquiera que piense que la democracia es el mejor sistema por el que se puede regir una sociedad. Hago esta última puntualización porque, aunque improbable, siempre es posible que haya un cambio en la religión mayoritaria de la nación. Supongamos, entonces, que los gobernantes tuviesen que pronunciar sus votos frente a los símbolos del islamismo o del judaísmo; ¿cómo sentaría esto a la hipotética minoría cristiana? Ahora imaginemos una realidad diferente pero con más facilidades para cumplirse: supongamos que en unas futuras elecciones sale vencedor un partido que decide que uno de los nuevos dirigentes sea una persona seguidora de los preceptos del islam. ¿No se sentirá ofendida cuando vaya a prometer su cargo y le pongan ante ella objetos pertenecientes a otra fe cuando ella lo que va a hacer es encargarse de tareas políticas que no deberían tener nada que ver con la religión? Para evitar esta clase de situaciones y demostrar que se habla en serio cuando nos referimos a la separación Iglesia-Estado hay que conseguir que los actos políticos únicamente estén acompañados de objetos relacionados con la democracia y no dejar que se inmiscuyan aquellos con simbología religiosa, que deberían permanecer en el ámbito privado de los ciudadanos.
